Un reciente informe conjunto del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) revela que en Argentina, más de cuatro millones de hogares, equivalentes a un tercio del total, padecen carencias habitacionales. La falta de condiciones básicas como agua potable, saneamiento, gas o electricidad, así como la presencia de viviendas precarias, situaciones de vulnerabilidad y la incertidumbre de los inquilinos, son algunas de las causas detrás de esta crítica situación.
El informe destaca la falta de coordinación entre las políticas de planificación y el acceso a la vivienda como una de las principales causas del problema. La proliferación de barrios populares, con 5,687 en todo el país, evidencia condiciones de vida precarias y la exposición de los habitantes a diversos riesgos.
En el mismo sentido, el informe aborda la crisis actual en el mercado inmobiliario para inquilinos y propietarios, tres años después de la aprobación de la ley de alquileres. El 20,7% de los hogares alquila viviendas, pero bajo las condiciones de la nueva ley, muchos enfrentan dificultades para afrontar los costos.
Con el diagnóstico en mano, los expertos elaboraron una serie de recomendaciones de política pública para resolver este conflicto. Estas propuestas incluyen normativas de ordenamiento territorial, mejoras integrales de viviendas, programas nacionales de alquiler asequible, sostenibilidad de procesos de integración socio-urbana en barrios populares y promoción de soluciones temporales en situaciones de emergencia.
Según el informe, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 32% de los hogares inquilinos destina más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler. Entre 2010 y 2022, el porcentaje de hogares inquilinos a nivel nacional pasó del 16% al 20%, con más de 2 millones de hogares alquilando en Argentina, según datos del INDEC.
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