Aseguran que bajar la edad de imputabilidad "no disminuye los índices de criminalidad”

Uno de las cuestiones que se está empezando a plantear nuevamente es la baja de la edad de imputabilidad, donde los jóvenes pasarían a percibir penas idénticas a los adultos dependiendo por el mismo delito. 

Por este motivo, Rodrigo Solá, del Comité provincial de prevención de tortura, aclaró que bajar la edad de imputabilidad no disminuirá los índices de criminalidad, sino más bien se está tratando de abordar estos temas en términos de demagogia. 

La discusión tendría que plantearse en términos de políticas criminales o investigaciones científicas, buscando alternativas en las cuestiones de fondo como las políticas publicas de acompañamiento a la juventud o sobre cuestiones relacionadas a las adicciones. 

“Cuando un joven participe de un acto delictivo, tenemos que pensar en que fallamos como sociedad”. 

Consultado en CNN Radio Salta si la delincuencia juvenil incrementa en épocas de crisis, Solá explicó que en algunos delitos si, que no son criminalizados generalmente si se refieren al no contar con un medio de subsistencia: “Hay una causa de justificación, estado de necesidad”. 

Sobre las condenas, comentó que en la provincia hay una tendencia creciente de ellas, que pueden tener su relación con los juicios abreviados, que se relacionan con el pase del narcomenudeo. Otros de los delitos que caracteriza a la provincia y la región, son los delitos contra la integridad sexual, los femicidios. 

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Manifestó también que la Convención de los Derechos del Niño, que establece que se es niño hasta los 18 años obteniendo una protección especial, plantea la controversia sobre el régimen penal juvenil, el cual Argentina debería adecuar para que se obtenga todas las garantías durante el proceso penal y que en caso de inocencia se planteen otras medidas, ya que podía quedar con una medida de seguridad si se consideraba que no tenía protección material o moral. 

Sobre las criticas que se realiza al Comité, aclaró que no se esta a favor de los delincuentes, sino que se defienden los derechos y garantías de cualquier persona, buscando la reinserción en la sociedad. 

“Nosotros miramos la condición humana de las personas, independientemente de los hechos que haya cometido”. 

Una de las polémicas que planteó, fue la órbita en la que se encuentran los dispositivos juveniles, los cuales deberían integrarse a la orbita de la Secretaría de la Niñez, de los Derechos Humanos o de Desarrollo Social, mientras que hoy dependen del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario. 

“No tenemos dispositivos que estén pensados para población juvenil” sentenció.