Monseñor Cargnello al psicólogo: La Justicia determinó que hubo violencia a las Carmelitas

En un fallo inédito, la Justicia argentina resolvió que el arzobispo de la Ciudad de Salta y otros tres religiosos, cometieron distintas formas de violencia contra las monjas de clausura del convento San Bernardo, por lo que se ordenó que reciban tratamiento terapéutico y se capaciten en cuestiones de género.

La jueza Carolina Cáceres consideró probadas las denuncias que las cerca de veinte carmelitas descalzas del Monasterio San Bernardo presentaron en 2022 contra el arzobispo Mario Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.

“Concluyo y afirmo que (las monjas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica, por un lapso de más de 20 años”, sostuvo la titular del juzgado de Violencia Familiar y de Género en un fallo que puede ser apelado.

Cáceres ordenó que los acusados inicien tratamiento psicológico para modificar “patrones de comportamiento y de vinculación” y sean capacitados “en materia de género a través del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Provincia de Salta”.

El arzobispo Cargnello fue denunciado por violencia

José Viola, abogado de las religiosas, declaró que el fallo “es inédito y rompe un ‘status quo’, ya que se refiere a una persona con mucho poder”.

Viola destacó que se produzca en la provincia de Salta, que carece “de una fuerte tradición jurídica como Buenos Aires” y “lidera las estadísticas” sobre violencia de género. “En la Iglesia católica ese era un tema tabú, como fueron los abusos sexuales, y ahora lo pone sobre el tapete”, aseveró el letrado.

Además, el abogado querellante manifestó a Profesional FM que “esta pieza cambia la historia jurídica del mundo entero”.

Parte del fallo al que accedió la emisora, recuerda que las víctimas denunciaron hechos de violencia de género del tipo físico, psicológico y económico, por parte del Sr. Mario Antonio Cargnello, Lucio Francisco Ajaya y Sr. Martín de Elizalde (Sacerdote), por lo que sus abogados solicitaron medidas de protección, argumentando que se encuentran en “peligro cierto” de que se realicen actos de violencia física y/o psicológica en contra de aquellas, dada su condición de mujeres, lo cual se agrava por la desigual relación de poder.

Las carmelitas actuaron lideradas por la priora del convento María Fátima del Espíritu Santo. Sus denuncias llegaron al Vaticano y un Dicasterio dispuso en 2023 medidas de protección para las religiosas.

El episodio que las empujó a denunciar ocurrió en el convento tres años antes, durante el velatorio de una monja. Según las carmelitas, Cargnello dio una oración de muy mal talante ante el féretro, porque cerca estaba instalada una imagen de la Virgen del Cerro, la cual el arzobispo no reconoce, lo que ha generado tensiones con las monjas.

El momento de violencia física ocurrió cuando, por pedido de la priora, una hermana filmó el velatorio, lo que fue observado por el sacerdote Ajaya, quien acompañaba al arzobispo y el cual se le “abalanzó para quitarle la filmadora”, según la denuncia de las religiosas. Tras ello, la priora recuperó la máquina de manos de Ajaya, lo que hizo que éste la golpeara en un brazo y el arzobispo en el otro para que la soltara. Ese material visual y los audios acompañaron la denuncia.

La jueza apuntó que en dicho velatorio “las denunciantes padecieron violencia de género del tipo física y psicológica”.

Las Carmelitas pidieron un resarcimiento y que Cargnello se capacite en género y violencia

Cáceres también cuestionó la negativa del arzobispo para elegir a nueva priora para el convento, lo que generó problemas para administrar el monasterio, así como un préstamo de dinero que recibió de las religiosas “sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica”.

En lo que se refiere a los otros dos religiosos, Cáceres consideró que incurrieron en violencia psicológica por desechar las denuncias contra el arzobispo, violar las medidas de protección que la justicia dispuso para las monjas y difamarlas ante la opinión pública.