Son horas “muy movidas” en el norte provincial, donde tras un pedido de detención inminente, por parte de una Unidad Fiscal, el intendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez está a punto de terminar su estadía al frente de la comuna.
Ocurre que Martínez se encuentra en medio de una complicada causa judicial que lo involucra, optando por apartarse momentáneamente de sus funciones mientras se resuelve su situación, con un edil a cargo de la comuna por estas horas. Mientras tanto, en los pasillos de la Legislatura resuena la posibilidad de otra intervención.
¿Pero qué implica, si las cámaras parlamentarias lo deciden, intervenir un municipio? Para responder esta interrogante InformateSalta estuvo conversando con Federico Vanni, abogado especialista en Ciencias Penales, quien ahondó en los detalles del proceso y de lo que la cuestión implica.
Primeramente explicó que, cuando se define una intervención, esto implica designar a una persona en lugar de un funcionario, algo que ya ha pasado en muchos lugares de la provincia. “Intervención, lo que indica, es el cese mientras está a cargo quien interviene”, resumió.
“Esto está establecido en la Constitución de Salta, las cámaras legislativas aprueban el pedido atendiendo a un caso”
Del mismo modo explicó que en una acción de este tipo “lo que se pide es que un funcionario público, en este caso un intendente, sea apartado de manera provisoria, no es suplir permanentemente su rol, es ante un caso de emergencia, aquí con una investigación en curso y con la gravedad del hecho”.
Consultado si, con una intervención, el apartado también queda sin sus fueros, el abogado aclaró que dependen de cada provincia y de su constitución. “No es lo mismo con Nación, aquí quienes quitan los fueros son las cámaras, se hace una votación, un juicio político y se sacan los fueros, es un pedido aparte, un trámite especial”, dijo para concluir.
“Quien pide la intervención es el gobernador, luego, las cámaras deciden”
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