La justicia ordenó una intervención en la empresa de transporte Urkupiña, ubicada en el Barrio San Martín, en el municipio fronterizo de Salvador Mazza. El operativo fue realizado con acompañamiento policial y se enmarca en un conflicto de larga data entre los herederos de la firma.
Cristian Severich, uno de los tres herederos de la empresa, dialogó con el periodista Rubén Costes y expresó duras críticas hacia el manejo actual de la empresa. Señaló que los fondos recaudados no son invertidos en el mantenimiento del servicio y que una parte del dinero se estaría desviando a una empresa paralela de transporte llamada San Francisco, autorizada para operar con servicios turísticos y contratada por compañías petroleras. “Urkupiña es de línea, y ese desvío perjudica el servicio que se brinda a la comunidad”, manifestó Severich.
“Esta empresa queda para mis hijos y para mis nietos”
La intervención busca facilitar un acuerdo entre las partes involucradas y fue dispuesta por orden judicial. Según explicó Severich, la secretaria de administración de la firma habría intentado obstaculizar el procedimiento por órdenes del dueño. El conflicto familiar y empresarial se intensifica en un contexto donde, según el entrevistado, "hace más de 30 años que no se hacen inversiones reales", a pesar de que la empresa es parte del entramado social de la frontera. “Esta empresa queda para mis hijos y para mis nietos”, recordó Severich, citando las palabras de su abuela.
No es la primera vez que el nombre de Urkupiña aparece vinculado a causas judiciales. En febrero de 2021, Rubén Severich, propietario de la firma, fue citado a declarar en el Juzgado Federal de Tartagal. La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) realizó las denuncias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a los delitos de defraudación al Estado nacional y falsificación de documentos públicos.
El expediente detalla que Urkupiña habría percibido subsidios por recorridos que no prestaba, presentando declaraciones juradas incompletas. La presunta estafa superaría los 20 millones de pesos, según estimaciones judiciales. Solo una de las tres líneas interurbanas que figuraban en los informes fue comprobada como operativa.
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