Reforma del Código Procesal Penal de Salta: “La oralidad es el eje principal”

Ayer la Cámara de Diputados de Salta se llevó adelante el debate y visto bueno del proyecto que encara la reforma al Código Procesal Penal de la provincia, el cual tiene a la oralidad como eje central y la celeridad de las causas.

Socorro Villamayor, diputada provincial, comentó en CNN Radio Salta sobre esta propuesta que llevó el Ejecutivo provincial y cuales serían los beneficios de aplicarla. 

Diputados le dieron media sanción a la reforma del Código Procesal Penal de la Provincia

“Tenemos un código que data del año 2011 que ha tenido una reforma significativa incorporando el sistema acusatorio” señaló, recordando que este sistema establece que la investigación la realice un fiscal y el juzgamiento un juez, llevando una imparcialidad que es garantía de derecho.

A pesar de esta reforma se observó una lentitud en los procesos, por lo que se plantea que ese sistema acusatorio podría ser más ágil basándose en la oralidad: “Y la oralidad en cada uno de los actos del proceso conlleva la transparencia de sus actos y la inmediatez”. 

Esta oralidad permitiría un proceso con mayor transparencia donde se impliquen por ejemplo sistemas de video grabación en presencia de las partes, permitiendo reducir más el proceso, acotar la etapa de prueba y otras instancias judiciales. 

“La oralidad es el eje principal”.

El proyecto propone la creación de un sistema de oficinas judiciales que dependerán de la Corte de Justicia, el cual permitirá que esta oralidad y celeridad se efectivice, oficinas que se encargarían de los estamentos administrativos, mientras que el juez se hará cargo solamente del trabajo jurisdiccional.

Para esto se crea el Colegio de jueces: “Va a haber un colegio de 21 jueces que son los jueces existentes, pero entre todos ellos van a conformar un colegio, no va a ser un juez con su estamento administrativo, sino un colegio de 21 jueces cada uno con un secretario”. 

El Defensor General expuso sobre la reforma del Código Procesal Penal y remarcó la necesidad de fortalecer la defensa pública

Otro planteo clave del proyecto es el otorgamiento al Ministerio Público Fiscal de herramientas para la lucha contra el crimen organizado, a través de sistemas tecnológicos y normativas. 

De sancionarse la ley, se contaría con un sistema en su etapa inicial y probatoria avanzada, esto a raíz que se viene ejecutando un plan piloto con esta normativa: “Establecimos el inicio para el distrito centro para febrero del 2026 y se dilata un año más la implementación en el interior para ver la adecuación en otros aspectos, recursos como humano o tecnológico que puedan requerirse” finalizó.