El presidente del Comité provincial de Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, informó sobre la situación carcelaria en la provincia, las condiciones que deben tener las unidades carcelarias y el trabajo que realizan desde su parte.
En diálogo con CNN Radio Salta, explicó que en lo que va del 2025, 6 personas murieron en las dependencias de toda la provincia, incluidas cárceles y alcaldías, recordando el hecho sucedido en el penal de Villa las Rosas.
Para poder contar con este registro, el Comité impulsa un registro de decesos bajo custodia en cualquier lugar donde pudiese haber una persona que tenga restricción o privación de libertad, pero remarcó que es necesario además analizar las causas de muerte, por un lado, por el proceso que lleva adelante la investigación fiscal y por otro, si corresponden a condiciones de infraestructura o habitacionales. Si bien el Comité hace una investigación, es complementaria a la principal, la cual busca no entorpecer el otro proceso.
Consultado si desde la declaración de la emergencia carcelaria en 2022 hubo algún cambio, dijo que este año empezaron a notar mayores avances en término de decisión política, acompañado de cuestiones presupuestarias conformándose 3 meses: una sobre infraestructura para generar nuevos espacios, otra de sobrepoblación y sus factores y la tercera acerca del trato.
Sobre la situación carcelaria del norte, comentó que cuenta con los panoramas más dramáticos, pero que desde el Ministerio de Infraestructura comprometieron soluciones para Tartagal específicamente, las cuales llegarían antes de diciembre.
Solá explicó que según los parámetros que emitió el Comité nacional, las cárceles deberían contar con 6 metros por personas como mínimo: “La primera persona y a partir de la segunda 4 metros más, a partir de dos personas tienen que haber 10 m2 como mínimo”. En el caso de celdas colectivas no puede haber más de 25 personas.
“También hay condiciones de iluminación, ventilación, cantidad de baños, asistencia médica, recreación. Sobre esas bases los dos primeros años del Comité medimos cada una de las celdas de la provincia y fijamos las capacidades de cada unidad”, explicó, pero hay que diferenciar sobre capacidades declaradas y reales.
“Por ejemplo, el Servicio Penitenciario plantea en toda la provincia tenemos una sobrepoblación del 40% y nosotros decimos ese porcentaje es en relación a la capacidad declarada, pero la realidad es el 150% en general en toda la provincia sobre los estándares normativa”, pero advirtió que en otros lugares como Alcandías es mucho mayor, y que en otros espacios no deberían tener persona en forma permanente como las comisarias.
Destacó el habeas corpus presentado el año pasado sobre la situación de las comisarias de la provincia, pero ampliado a todo el sistema carcelario, en el marco de esta medida se constituyó la mesa de emergencia donde participan todos los ministerios, Procuración, Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos.
Rifas para comer
Si bien las comisarias no deberían albergar personas privadas de su libertad, en caso de hacerlo deben recurrir los efectivos a realizar rifas para brindarles alimentos, ya que solo en aquellas comisarias que están cerca de cárceles se destina un cupo de alimentación: “Lo planteamos en el habeas corpus y dijimos que hay que garantizar el derecho de alimentación”.
“Todos tenemos una dignidad y los derechos fundamentales se tienen que cumplir bajo cualquier condición (…) No es la protección de los delincuentes, tiene que ver con prevención para que todos podamos vivir más seguros” finalizó.
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