Califican de irónico el argumento defensivo de Romero

La coartada de que la persecución penal existente en su contra se trataría de un plan político que incluyó el armado deliberado de una “estructura judicial” para perjudicarlo, fue rechazada de plano en la ciudad judicial, donde aún recuerdan que Romero y su padre reformaron dos veces la constitución provincial para obtener impunidad.

Incluso señalaron al ex gobernador, Juan Carlos Romero, como el responsable de la designación del 99 % de jueces y fiscales hasta el año 2007, cuando abandonó el poder, por lo que jueces, fiscales y abogados de la ciudad judicial calificaron de irónico y burlesco que el senador nacional intente presentarse como víctima, sobre todo del Poder Judicial, donde más influencias conserva.

En su último planteo, la abogada, Andrea Astudillo Rizzi, defensora de Romero, presentó una abultada carpeta con actas notariales recogidas de distintos medios, como así también copias de decretos del Poder Ejecutivo con la designación, previa selección por el Consejo de la Magistratura, de fiscales y otros funcionarios judiciales.

Con este cúmulo de fojas, la defensa de Romero argumentó la coartada de que el ex gobernador no es más que una víctima de una supuesta “estructura” judicial montada por el gobierno de turno para perjudicar su carrera política.

Pese a la derrota electoral del año 2013, en la cual Romero solamente logró mantener su banca como senador nacional, siendo los vencedores Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore. Sin embargo, para Astudillo Rizzi el ex gobernador representa una amenaza política para el actual gobierno.

Para amenizar y tratar de darle sentido al argumento defensivo, la letrada intentó unir las designaciones de fiscales y otros funcionarios con un plan maléfico, cuyo único objetivo gira entorno a perjudicar a su cliente.

La tarea, sin embargo, dio muestra de ser bastante engorrosas, pues en reiteradas oportunidades, Astudillo Rizzi hizo uso de descalificaciones despectivas, impropias del Derecho y con la sola intención de sostener con la estrategia defensiva que apunta a colocar a Romero como una víctima.

Impunidad a cualquier costo

Lo que olvido recordar la defensora es que su cliente es responsable de la mayoría de las designaciones “a dedo” que se hicieron en el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre los años 1995 y 2007, cuando gobernó a placer.

Entre ellas se encuentra el nombramiento de María Eugenia Montagna de Marcuzzi en el ex Juzgado de Instrucción Sumaria Tres. La letrada es cuñada de Betina Marcuzzi, esposa del ex gobernador. Mucho menos recordó la defensora que fue su cliente el impulsor de la reforma constitucional del 7 de abril de 1998, con la cual creó el Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

Previamente, cabe señalar que Roberto Romero (f), padre del ex gobernador, también reformó la Constitución Provincial en busca de impunidad, maniobra que se concretó el 2 de junio de 1986, cuando estaba a un año de abandonar su puesto como gobernador de Salta.

Sin posibilidades de renovar a los jueces de la Corte de Justicia, y en busca de asegurarse la imposibilidad de ser perseguido penalmente por delitos cometidos durante su gestión, Roberto Romero decidió sacar de la órbita del Poder Judicial al Ministerio Público, organismo que se convirtió en autónomo e independiente.

Eso sí, Romero se encargó de nombrar a su primer procurador, cargo que le fue confiado al abogado René Gómez, cuya gestión se destacó por no impulsar ninguna promoción penal en contra de Roberto Romero y sus ex funcionarios.

En 1998, su hijo, Juan Carlos Romero, siguió el mismo ejemplo y en busca de sujetar más aún al procurador general, en ese entonces, Ramón Catalano, creó el Colegio de Gobierno, dividiendo la autoridad con la Defensoría General y la Asesoría General de Menores e Incapaces.

Lo más llamativo es que por diez años Romero no nombró a nadie para estos dos cargos nuevos, sino antes de abandonar el poder en el año 2007, cuando designó a Adriana Arellano, ex directora de Personal del Grand Bourg, como defensora general.

Mirta Lapad, familiar del vicepresidente del Senado de la Provincia, Mashur Lapad, se convirtió en Asesora General de Menores e Incapaces, con lo cual Romero demostró tener un manejo déspota y personal de la justicia, de la cual ahora reniega, simplemente, porque sus influencias ya no tienen el mismo peso que en sus años de apogeo. 

Conocedores de esta conducta, jueces, fiscales, abogados y empleados de la ciudad judicial rechazaron de plano el argumento defensivo de Romero, de quien sólo espera verlo traspasar la puerta principal rumbo a los distintos juzgados que investigan las maniobras de corrupción por las que fue denunciado, como cualquier hijo de vecino.

Fuente: www.informatesalta.com.ar