La fiscal ya habría solicitado el desafuero del ex gobernador Juan Carlos Romero

Aunque el planteo todavía no fue confirmado por fuentes judiciales, trascendió que la presentación judicial habría sido solicitada por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la fiscal penal, Mónica Poma.

Como se sabe, el martes pasado la representante del Ministerio Público consideró probable un pedido de esta naturaleza contra el ex gobernador, quien de manera sistemática incumplió a todas las citaciones judiciales que se le cursaron a fin de que se presente a prestar declaración indagatoria, tanto en la causa abierta por la fiscal Poma como en las otras siete causas penales que se le siguen por delitos de corrupción cometidos durante los doce años que gobernó la provincia.

Sobre la posibilidad de desafuero de Romero, Poma había sostenido que “la fiscalía va a analizar las presentaciones hechas (por Romero) y a raíz de esta decisión que tome, se analizará si corresponde o no el trámite del desafuero”.

Esto declaró la fiscal el martes pasado cuando el ex gobernador no se presentó a ser indagado en la causa que se le sigue por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito, investigación penal que Poma abrió el 4 de diciembre del año pasado, sin que se haya logrado hasta la fecha la indagatoria del ex gobernador.

Para dilatar este proceso penal, la defensa de Romero, a cargo de la abogada, Andrea Astudillo Rizzi, presentó varios planteos, considerados dilatorios, con los cuales pretende parar la causa, entre ella recusaciones a fiscales y pedidos de nulidad de la imputación hecha a Romero.

Incremento

Respecto a esta investigación, la fiscal sostuvo que “la fiscalía ha efectuado una apertura de investigación, es decir, ha circunscripto el hecho a investigar, en el marco del artículo del enriquecimiento ilícito”. Asimismo, agregó que de las pesquisas preliminares, “se ha recabado numerosa e importante documentación, que llevan a entender a esta fiscalía, que existe un incremento patrimonial, que no puede ser justificado con sus ingresos, en el marco de la función pública. Se trata de un delito complejo, entendemos que hemos recabado importante documentación, que avala por lo menos la apertura de esa investigación y después se analizará”.

La imputación a Romero alcanza una lista de bie-nes, entre propiedades, como su mansión en San Lorenzo; activos en sociedades y empresas, terrenos, hoteles y otros emprendimientos comerciales, que llevaron a Romero a reunir una fortuna de más de 200 millones de pesos durante sus doce años como gobernador de Salta.

Al margen de las presentaciones realizadas por su defensa, Romero trató de evitar siempre referirse a las demandas de la Justicia provincial por hechos de corrupción, y en los pocos casos que lo hizo buscó presentarse como una víctima de una “persecusión política”

De esta manera, Romero intentó darle un tinte político a los esfuerzos realizados por la Justicia local a fin de que el ex gobernador sea indagado. “La fiscalía no tiene tiempos políticos, la fiscalía está haciendo su trabajo y entendemos que hemos llegado a un punto en el que teníamos la información suficiente para iniciar la apertura de esta investigación. Y el tiempo en el que se lleva adelante es absolutamente indiferente para la fiscalía”.

Fuente: Nuevo Diario de Salta