A días de cumplirse un mes de su detención, el 28 de octubre pasado, la situación procesal del presbítero Horacio Chauque Perales, imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración agravado por ser el imputado ministro del culto católico (dos hechos); y abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por ser el imputado ministro del culto católico, se tornó aún más comprometida
La acusación en su contra surge de las denuncias de dos ex miembros y colaboradores de las parroquias Cristo Rey y Nuestra Señora del Tránsito, donde Chauque Perales cumplió distintas tareas religiosas como presbítero de la Iglesia Católica.
Si bien las denuncias, radicadas el año pasado, refieren a hechos ocurridos entre 2016 y 2017, el peso de las acusaciones y las pruebas reunidas por el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix fueron contundentes para que la jueza de Garantías 5, María Edith Rodríguez, acepte el pedido de la fiscalía, tanto de la detención como de prisión preventiva del cura.
A los cinco días de quedar alojado en una celda de la Alcaidía Judicial, y con una nueva defensa, el sacerdote volvió a los estrados del Juzgado de Garantías para pedir su libertad. En su nombre, la abogada Norma Estela Claros presentó un escueto escrito a través del cual reclamó la libertad de su cliente, ya que aseguró que no correspondía su encierro y rechazó las acusaciones en su contra.
Para darle sustento a su planteo, presentó una serie de mensajes, vía Whatsaap, entre los denunciantes y el acusado, a la vez que sostuvo que la relación sentimental entre ambos estaba reservada a Dios y los magistrados no tenía por qué inmiscuirse.
Asimismo solicitó el arresto domiciliario de su cliente, para lo cual ofreció como lugar de residencia para el cumplimiento de la medida una vivienda del barrio Solidaridad, o bien, la casa de sus padres en Villa Floresta.
Por último, y ante la posibilidad de un fallo adverso respecto al pedido de libertad solicitado, la letrada dejó planteada las instancias de apelación correspondientes, tanto en la justicia provincial como en el fuero federal.
Resolución
Tras analizar el planteo, la jueza Rodríguez rechazó la solicitud de la defensa del sacerdote ya que la escala penal del caso, de 6 a 15 años de prisión, “permite afirmar que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la misma será de cumplimiento efectivo”, lo que hace presuponer que puede determinarse el tratar de eludir la acción de la justicia”.
Asimismo, la jueza señaló que no descarta que el acusado busque entorpecer la investigación en curso, pues es “dable presumir razonablemente que intente ejercer influencia sobre quienes deben declarar como testigos, para que comporten de modo desleal o reticentes, ejerciendo presión sobre ellos”.
Por último, manifestó que aún restan conocer el resultado de los informes psicológicos, psiquiátricos y sociales que se ordenaron respecto al caso.
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