El presidente Alberto Fernández, acompañado del ministro de Economía, Martin Guzmán, dio detalles del proyecto de ley que gravará la renta inesperada, es decir los beneficios extraordinarios que recibirían determinados sectores como consecuencia de la suba en los precios internacionales derivada de la guerra en Ucrania.
La norma deberá ser tratada por el Congreso, donde necesitará el respaldo de una oposición que ya adelantó su rechazo a la medida avalada por el Fondo Monetario Internacional.
El presidente Alberto Fernández consideró este lunes que la aprobación del proyecto de ley que impone una alícuota a la renta inesperada a las empresas favorecidas por el incremento extraordinario de sus ganancias "no es una obligación del Frente de Todos sino de todos los diputados y senadores", en un debate similar al que dieron países como Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos.
"Lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a poner igualdad y a construir justicia social", aseveró el Presidente al encabezar el acto de presentación del proyecto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno.
Previamente, el primer mandatario recibió a Matías Kulfas, quien le presentó su renuncia al cargo de ministro de Desarrollo Productivo. La semana próxima será reemplazado por el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli.
El proyecto de gravar a la renta inesperada fue anunciado el pasado 18 de abril pasado en un acto que fue interpretado como un respaldo al titular del Palacio de Hacienda (frente a las críticas del kirchnerismo). En el Salón Blanco y con la presencia de por casi todo el gabinete nacional, el presidente -acompañado sólo por Guzmán- dio a conocer una serie de ayudas para atender la suba de los precios. Fue cuando se comunicó que sectores informales recibirían unos 18.000 pesos en dos cuotas. Asimismo, se reforzaron los ingresos para jubilados y pensionados.
Pasó más de un mes sin novedades y en un momento dado pareció que el proyecto no saldría a la luz en virtud del fuerte rechazo tanto de sectores de la oposición como del empresariado. También diversos tributaristas platearon dudas respecto a si esta iniciativa no representaba una doble imposición.
En su momento, Guzmán anticipó que se trabajaba sobre la idea de aplicar una alícuota enfocada en las empresas con ganancias netas imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos. Estimó que para el año pasada se ubicaban en esta categoría sólo el 3,2% de las empresas.
"Estamos frente a un shock sin precedentes desde el punto de vista de la combinación de la pandemia y las medidas para lidiar con eso y la guerra en Ucrania. Como sociedad, debemos construir una solución y esa es la convocatoria que hace el Gobierno nacional", afirmó el ministro al presentar la iniciativa en abril.
Como criterio para la imposición de la alícuota se incluye que la ganancia neta imponible real haya crecido en forma significativa en el presente año con relación al anterior.
Se estima que los sectores alcanzados serían el agronegocio -particularmente la zona núcleo pampeana-, el petróleo y la minería.
Otro tema importante que anticipó el ministro es que se aplicaría una alícuota menor a la renta inesperada a aquellas empresas que canalicen estos excedentes hacia la reinversión productiva.
También aclaró que el objetivo de la iniciativa es no recaer sobre las personas humanas y se buscará no afectar ni a las inversiones ni a la rentabilidad.
En el plano internacional existen antecedentes de impuestos sobre las ganancias “caídas del cielo” y consenso en cuanto a la necesidad de morigerar los impactos en la suba de precios.
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