General Ballivián: pobladores incendiaron la vivienda de un presunto vendedor de drogas

Enclavado sobre la ruta nacional 34 en el departamento General San Martín, a 312 kilómetros de la capital provincial y a 48 de la ciudad de Tartagal, el pueblo de General Ballivián vivió ayer una jornada de furia. Según consignó Salta/12, habitantes de las 12 comunidades indígenas de esta localidad, se levantaron contra una familia no indígena sindicada como vendedora de marihuana y otras sustancias tóxicas de preparado casero. La Policía reprimió con balas de goma y gas lacrimógeno. 

Anoche voceras de las comunidades afirmaron que no sabían si había detenidos ni cuántas eran las personas heridas, aunque aseguraron que son más de diez, sobre todo mujeres y niños. También hubo daños en los móviles policiales. Tras la represión, las personas que se manifestaban terminaron reuniéndose otra vez en la plaza principal del pueblo. Hasta ahí llegó un comisario enviado desde Tartagal que trató de calmar los ánimos ofreciendo garantías para tomar las denuncias. En una rápida asamblea, los manifestantes decidieron hacer las denuncias formales pero mantenerse en la plaza exigiendo la presencia del ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez. 

Desde hace tiempo las mujeres de Ballivián vienen llamando la atención sobre la libre venta de drogas y alcohol a niños de las comunidades. Laurentina Nicasio, presidenta de la Fundación Jualá, una de las madres que viene movilizándose pidiendo limitaciones a estas prácticas, recordó que en octubre último marcharon exigiendo medidas para frenar la venta de drogas y alcohol a menores de edad. Desde entonces "las madres venían haciendo las denuncias (penales) correspondientes" pero no las tomaban tal cual decían, "y como la mayoría no sabe leer y escribir los policías que tomaban las denuncias ponían cualquier cosa, y cuando nos dábamos cuenta ya era tarde", contó anoche. 

La tensión hizo eclosión ayer alrededor de las 14, cuando se supo de la agresión a una madre que había seguido a su hijo hasta la vivienda señalada como boca de expendio de drogas. En esas circunstancias le golpearon la cara y la nariz y la amenazaron con un arma blanca y con arma de fuego. Nicasio dijo que la Policía no recibió la denuncia que intentó hacer esta mujer. Entonces las madres se ubicaron frente a la vivienda de la familia señalada, justo enfrente de la Comunidad Tres Lapachos, y terminaron incendiándola. Los integrantes de la familia acusada huyeron a otra vivienda, en un asentamiento cercano a las vías del tren, y hasta ahí los siguió el levantamiento de vecinos.

Para entonces la policía había reaccionado, un grupo de la fuerza se apostó frente a la precaria vivienda de la familia perseguida, pero el enojo de mujeres y niños no se amenguó: atacaron con piedras y palos y también intentaron incendiarla. Los policías respondieron disparando balas de goma; en la cobertura del medio "Ballivián te informa", se ve que hacen disparos disuasivos, apuntando al aire, pero en algún momento las escopetas apuntaron a tierra, porque de esa contienda varias mujeres, y también niños y niñas, salieron con heridas de balas de goma en sus piernas y, todavía peor por el riesgo que implica, hasta en la cara, como le pasó a un joven. Nicasio misma recibió cuatro disparos en sus piernas. La represión terminó ya de noche, Nicasio dijo que por la oscuridad reinante no podían saber si alguien había sido detenido. Circulaba el rumor de que seis personas habían sido levantadas por la policía, dos en el destacamento y cuatro en la protesta en el asentamiento.

"Son más de diez mujeres" las heridas, calculó la presidenta de la Fundación, e hizo hincapié en que "hay niños también menores de edad" con lastimaduras de las balas de goma. La joven insistió en que están pidiendo que la Policía reciba las denuncias "como corresponde" y ahora también piden que "venga alguien del Ministerio de Seguridad" y también de la Secretaría de Primera Infancia "porque esta familia que vende la droga manda a sus chiquitos que todos son menores de edad, son de nueve, diez años, y con esos reparten la droga las 24 horas".

Por la droga “nadie va preso”, se quejó el primer referente. “Esa es la bronca que da, nosotros como padres, porque se nos mueren nuestros hijos, les quitan la infancia, encima les violan a los chicos dándole esas drogas. Hay mucho abuso aquí, ya estamos cansados de eso”, añadió la manifestante. Y recordó lo que suele pasar cuando un caso de estos es visibilizado: “viene la justicia de afuera, (y dice) que nosotros no somos responsables (con sus hijos)”.

Todos saben quiénes venden droga, los policías también, y esos vendedores tienen que salir del pueblo, afirmó un coro. El comisario solo insistió en que policías venidos de Tartagal iban a tomar las denuncias, ofreció garantías de que se escribiría lo que se dijera realmente, y que serán remitidas a la fiscalía. Llamó a la reflexión, "no es la forma de arreglar las cosas”, que prime la cordura, pidió.

En la conversación con Salta/12 Nicasio invitó "a toda la comunidad de Ballivián" a hacer las denuncias formales, e insistió en que no hay control de la venta de drogas y alcohol. Contó que los integrantes de la familia acusada "venden (drogas) a toda la comunidad wichí, le venden a cualquier niñito". Asimismo, recordó que tras la marcha de octubre último funcionarios de Asuntos Indígenas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia les reprocharon a los padres y madres indígenas una supuesta falta de atención sobre sus hijos.

En General Ballivián residen doce comunidades indígenas y en ellas, el 80% del total de 9 mil habitantes del pueblo.