La defensa oficial podría dejar de ser gratuita para las personas que puedan pagarlo

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, los legisladores salteños debatieron un proyecto de Ley presentado por el Ministerio Público Fiscal. El proyecto buscaba modificar el artículo 51 de la Ley N° 7.328 "Ley Orgánica del Ministerio Público".

La diputada Socorro Villamayor explicó durante la sesión que, "este es un proyecto cuya iniciativa la tuvo el Ministerio Público, hemos recibido al Defensor General, Martín Diez Villa quien nos ha expuesto y explicado los motivos de la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Publico".

En este sentido continuó: "Todos sabemos que, en los procesos civiles cuando el imputado pide la defensa oficial debe demostrar la insolvencia. En el ámbito penal, esto no está contemplado y lo que vamos a proponer es que este acceso irrestricto a la justicia que se da conforme a leyes internacionales, y nuestra propia constitucionalidad, se continúe garantizando el acceso a la justicia y la defensa en juicio".

A partir de la modificación, "se innova en caso de que un imputado que fue acompañado y asesorado por un defensor oficial y resultara vencido, concluida esa etapa y constatando la solvencia económica se exigirá el pago de honorarios".

De esta forma, el Ministerio Público podrá cobrar honorarios si el imputado que utilicen el servicio posee los medios suficientes para afrontar estos costos.

El Proyecto de Ley fue aprobado por la Cámara Baja y pasó al Senado para su revisión.