La localidad salteña de Aguas Blancas, en el límite con Bolivia, enfrenta una crítica situación por el avance descontrolado de ocupaciones ilegales sobre tierras fiscales.
Más de 170 construcciones irregulares ya fueron detectadas sobre la Ruta Nacional 50 y dentro de la franja de seguridad del Área de Control Integrado, una zona clave para el control migratorio, aduanero y antidrogas.
Este fenómeno, que crece sin freno, no solo rompe el orden urbano y legal, sino que representa una amenaza directa para la seguridad nacional. En muchos casos, los terrenos son ocupados y luego revendidos de manera clandestina, aprovechando la crisis habitacional para lucrar con la necesidad de otros, según denunció Nuevo Diario de Salta.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó operativos de inspección y solicitó informes urgentes a Vialidad Nacional y a la Dirección General de Inmuebles de Salta. Los primeros relevamientos confirman un escenario crítico: construcciones sin autorización, ventas ilegales de terrenos, conexiones eléctricas precarias y ausencia total de infraestructura básica.
Fuerzas federales como Gendarmería Nacional advirtieron que estas usurpaciones violan normas esenciales de seguridad fronteriza, y que la expansión de viviendas irregulares podría facilitar accesos clandestinos utilizados por redes de narcotráfico, contrabando y trata de personas.
Además, estas construcciones interfieren con los sistemas de vigilancia y control instalados en la zona, afectando la capacidad del Estado para monitorear uno de los pasos fronterizos más sensibles del país.
Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que esta situación no solo expone a las familias que allí residen en condiciones precarias, sino que compromete seriamente la soberanía y los operativos de control en el norte argentino.
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