Salteño baleado en Pocitos: Toma fuerza la idea de un ataque planificado

Conmoción siente la comunidad salteña tras confirmarse el fallecimiento de Osvaldo Ezequías Cuéllar, un joven de 31 años, que fue atacado a balazos el lunes por la noche en una plaza pública de San José de Pocitos, localidad boliviana fronteriza con Salvador Mazza, habiendo recibido al menos cuatro disparos, siendo trasladado de urgencia a hospitales en Yacuiba, luego a Tartagal y, finalmente, a la capital salteña, donde perdió la vida.

Ante la gravedad y complejidad del caso, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, se refirió a las dificultades en la investigación donde, si bien la muerte ocurrió en Salta, el delito se cometió en Bolivia, lo que plantea un conflicto de competencia, habiendo ahora la necesidad de que la Justicia de Bolivia colabore en las indagaciones, pues gran parte de la información crucial sobre el atentado "está en Bolivia".

En diálogo con FM Profesional, Cazón aclaró que él no tiene intervención directa en la causa, sino que se limitó a "distribuir" las intervenciones apenas tomó conocimiento del hecho por la denuncia inicial.

También dijo que la denuncia, radicada a las 23 horas, solo indicaba que un hermano de la víctima estaba herido de bala en Bolivia y necesitaba una ambulancia para ser trasladado a un hospital en Salvador Mazza, lo que motivó su primera intervención.

¿Sospechas de mensaje mafioso? Investigan de oficio el ataque al salteño baleado en Bolivia

Debido a que se trata de un delito ocurrido en territorio extranjero y que, por el modo operandi, se sospecha que fue un ajuste de cuentas, Cazón dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal de Tartagal. "El delito se comete en Bolivia, interviene la justicia boliviana, pero como es un ciudadano argentino, tiene que investigar Bolivia", explicó, señalando que el caso tiene implicaciones internacionales que recaen en el fuero federal.

No obstante, la muerte de Cuéllar en Salta obliga a actuar a la Justicia Provincial, por lo que el fiscal dispuso que se dé intervención a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (GAP) de Tartagal. Cazón insistió en la necesidad de que el GAP y la Fiscalía Federal coordinen esfuerzos, ya que si la Justicia Federal no acepta la competencia, será "más dificultoso" para la justicia provincial avanzar.

El fiscal manifestó su sorpresa al conocer "detalles que solamente tiene alguien que vio", a través de medios radiales, sobre cómo dos motociclistas se acercaron y dispararon a quemarropa a la víctima que bajaba de un taxi. Esto refuerza la idea de un ataque planificado y no de un intento de robo.