Procesan a exmiembros de la Policía de Salta por detener y abusar de una adolescente durante la dictadura

La jueza federal de Salta, Mariela Giménez, procesó a cuatro exmiembros de la Policía provincial por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, cometida con abuso funcional y violencia, en perjuicio de una adolescente de 15 años, estudiante secundaria de Metán, detenida el 12 de septiembre de 1980 durante la última dictadura militar.

El excomisario mayor José Paulino Almeida y el exoficial auxiliar Carlos Giménez fueron procesados como autores, mientras que la excomisaria Marta Adelina Rojas y el exagente Pedro Pablo Piquard quedaron implicados como partícipes secundarios.

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La resolución, dictada el 15 de octubre, surge de una investigación impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, luego de la denuncia de la víctima, quien aseguró haber sido detenida ilegalmente y abusada sexualmente en la comisaría de Metán.

Durante el proceso, se acreditó que la adolescente fue privada de su libertad durante un mes, luego de ser separada de su madre tras un allanamiento sin orden judicial.

Según la investigación, la detención se produjo en el marco de un operativo ordenado por el entonces juez federal Ricardo Lona, condenado años después por crímenes de lesa humanidad, tras la aparición de inscripciones consideradas “subversivas” en su escuela.

La jueza Giménez analizó el caso en el contexto represivo de la época, donde la Policía de Salta actuaba bajo el amparo de normas de excepción.

En su fallo, destacó que el relato de la víctima fue “espontáneo, detallado y verosímil”, respaldado por el informe psicológico del Área de Víctimas de la Unidad Fiscal, que confirmó la coherencia entre su discurso y su estado emocional.

Si bien la magistrada acreditó las agresiones sexuales sufridas durante el cautiverio, determinó que fueron cometidas por otras personas, una de ellas fallecida y otra aún no identificada, por lo que dispuso el sobreseimiento de los imputados en relación a esos hechos.

No obstante, subrayó que los abusos sexuales fueron parte de una práctica sistemática y generalizada en centros de detención durante la dictadura, equiparables a delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad.