El juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación Luciano Martini apartó a la Fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke de la causa contra el comisario Walter Exequiel Mamaní y corrió traslado de lo actuado a la fiscalía que por materia y por turno corresponda.
La causa llegó desde la defensa de Sergio Dantur, quien se desempeñaba como auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, argumentando en relación a la titularidad de la línea telefónica cuyo secuestro se hizo sin orden judicial y por directiva de la fiscal de Derechos Humanos.
La Fiscal había afirmado que la línea telefónica y el aparato secuestrados pertenecían al Ministerio Público, mientras que la defensa de Dantur expuso que dicha línea y aparato eran de su propiedad.
“El uso de un teléfono y línea otorgada por el Ministerio Público Fiscal para el desempeño de un cargo también público posee esa naturaleza y, por ende, su retención e inspección por funcionario y aún agente no puede afectar, de ninguna manera, el derecho a la intimidad", marcó el Juez, añadiendo:
"Los teléfonos y líneas personales, en cambio, aún cuando se utilicen eventualmente para cuestiones laborales, son de propiedad de su titular y, consecuentemente, para sacarlos de su ámbito de custodia e inspeccionarlos es requisito “sine qua non” contar con la correspondiente orden judicial”
La Fiscal Simesen de Bielke en ejercicio de los deberes a su cargo informó de manera asertiva y reiterada “una falsedad determinante para resolver, que, a la postre, favoreció ilegítimamente su posición en detrimento de inviolables seguridades individuales, sin pasar por alto que dicha maniobra indujo a error a un órgano jurisdiccional.”
Había afirmado además que el aparato y la línea telefónica en cuestión pertenecían al Ministerio Público por lo que “podía requerirlo, en cualquier momento, por decisión administrativa, por razones de servicio o por cualquier otra cuestión naciendo la consecuente obligación para el citado auxiliar fiscal -como depositario de tal objeto- de entregarlo”. De esta forma fundamentó la decisión de llevar adelante el secuestro sin orden judicial.
"La actuación de la Fiscal Verónica Simesen de Bielke, eventualmente podría resultar constitutiva de infracciones previstas en el Código Penal, sean en perjuicio de la administración pública, la fe pública u otros bienes jurídicos por lo que debe ser apartada de la causa"
Para zanjar la cuestión, el juez requirió informe a la empresa telefónica asociada al teléfono para que precise “datos personales, razón social o denominación del órgano u organismo, público o privado, del abonado al que corresponde la titularidad de la línea”. Y la empresa comunicó que el único titular de la línea era Dantur.
En base a esto, el juez concluyó que debía anularse el punto I de la resolución que fuera dictada el 14 de octubre pasado y que dejaba sin efecto el punto X de la resolución del Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.
Te puede interesar
Lo más visto
