Los senadores aprobaron la modificación de la Ley provincial Nº 8.275, conocida como Ley de ficha limpia, para prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes o lavado de dinero puedan ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales.
Durante la sesión el miembro informante del proyecto, Javier Mónico, expresó que la preocupación pasa por cuidar la democracia y las instituciones. “Queremos impedir que el crimen organizado y el narcotráfico ingresen a las instituciones” agregó.
Para quienes hayan incurrido en los delitos tipificado en el Código Penal, Mónico, aseguró que “se busca que tengan una sanción si pretenden aspirar a cargos públicos”.
"Queremos impedir que el crimen organizado y el narcotráfico ingresen a las instituciones”
La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y propone el agregado de un ítem al artículo 1° de la Ley ya vigente, por el cual no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia por el plazo que dure la condena, computado a partir del momento en que el Tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria por los delitos de Tráfico de Estupefacientes previstos en la Ley 23.737. Aclara, además, que en el caso de los condenados que no hubiesen recurrido la sentencia condenatoria, el plazo se computará a partir del dictado de dicho fallo.
El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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