



En Salta ya son más de 120 las personas que solicitaron su propia quiebra en lo que va de 2025. Según explicó la jueza de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, se trata de un fenómeno que comenzó en 2017 y que se mantiene en crecimiento sostenido.
La mayoría de quienes acuden a esta instancia judicial son empleados públicos endeudados con bancos, financieras y tarjetas, que no tienen bienes registrables para responder. “Hay un patrón bastante claro: no tienen inmuebles ni autos, trabajan en relación de dependencia y las deudas provienen de créditos de consumo”, señaló la magistrada en diálogo con RadioSalta.
"No tienen inmuebles ni autos, trabajan en relación de dependencia y las deudas provienen de créditos de consumo”
El procedimiento es el mismo que para una empresa, ya que la ley no diferencia entre personas físicas y sociedades. En general, se embarga el 20% del salario durante un año y ese dinero se reparte entre los acreedores. Sin embargo, el monto no alcanza a cubrir la deuda y el expediente queda abierto durante dos años más, a la espera de que aparezcan nuevos bienes.
Ambrosini aclaró que no se trata de un “atajo” para evadir obligaciones. “No es un negocio. El abuso del derecho y el fraude tienen consecuencias civiles y penales”, advirtió. También señaló que muchas personas ven en este trámite una forma de volver a empezar tras años de ahogo financiero.











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