Insisten con pedir la libertad del cura Agustín Rosa

El Tribuno. Los abogados defensores del cura Agustín Rosa Torino aguardan con expectativa la resolución del Tribunal de Impugnación que deberá resolver el pedido de revocación de la prisión preventiva de su cliente. Seis meses han transcurrido desde la detención del religioso, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. Hasta el momento todos los esfuerzos que hizo la defensa para conseguir su libertad han resultado en vano debido a la firme postura de la fiscal Luján Sodero y la jueza de Garantías, Ada Zunino.

El 16 de mayo pasado Zunino rechazó el último pedido de eximisión de prisión y de inmediato los defensores Alberto Raymundo Sosa y María Virginia Cabral plantearon un recurso de apelación ante el Tribunal de Impugnación integrado por los camaristas Luis Félix Costas, Adolfo Figueroa, Edgardo Francisco Albarracín. Los letrados, en el extenso escrito, expresan que la prisión preventiva ya no tiene razón de ser "al haber variado las circunstancias primitivas valoradas al momento de su dictado".

En tal sentido se afianzan en el artículo 400 del Código Procesal Penal, al considerar que la prisión preventiva pierde eficacia "cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida".

Al hacer una valoración de la resolución de la jueza Zunino, Sosa y Cabral sostienen que la misma "carece de fundamentación mínima", ya que los motivos que invocó para denegar la revisión de la prisión preventiva "es una reedición de aquellos que fueron valorados en ocasión de su dictado original".

El cura Rosa fue detenido el 21 de diciembre del año pasado luego de una denuncia por abuso sexual presentada por un exnovicio de la congregación religiosa Discípulos de San Juan Bautista. Según la defensa, "no existe ninguna ponderación ni siquiera referencial a los abundantes y contundentes fundamentos que sustentaron el pedido de inmediato cese de la medida restrictiva presentado el 19 de abril de 2017". Los abogados de Rosa Torino argumentan que la magistrada "no ha empleado para rechazar el pedido argumentos propios, sino que ha apelado a los expuestos por la fiscal".

A juicio de los defensores del religioso, las circunstancias primitivas que originaron el dictado de la medida coercitiva han variado por entender que la actividad probatoria está casi concluida, con lo que el peligro de entorpecimiento u obstaculización de la prueba es nulo. "Ha quedado acreditado que nuestro imputado tiene arraigo al proponerse su alojamiento en un lugar distante, en el que permanecerá prácticamente detenido, en el que no tiene ni puede tener contacto con persona alguna, menos con testigos a quienes influenciar, inducir o amenazar, y que el peligro de fuga es solo una conjetura de la señora fiscal y la magistrada", expresan en el escrito.

Respecto al riesgo procesal en la producción de pruebas pendientes, señalan que con los informes psicológicos, ambientales y psiquiátricos de la víctima y del imputado ha desaparecido toda posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Esto surge de la compulsa del legajo de investigación fiscal al haberse consumado la totalidad de los actos procesales probatorios en un 90%.