



El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió la visita de los comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Gustavo Federico Palmieri y Natalia Gabellini, en la que se abordaron los avances, desafíos y políticas en materia de protección de los derechos humanos en contextos de encierro.
Durante el encuentro, se dialogó sobre la infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de la atención a las personas privadas de libertad y la capacitación continua del personal penitenciario en derechos humanos, con el propósito de consolidar un sistema penitenciario respetuoso de la dignidad humana y alineado con los estándares nacionales e internacionales.
Además, se ponderó el reciente juicio llevado adelante contra personal del Servicio Penitenciario, que culminó con una condena ejemplar para 17 imputados, con penas que oscilan entre 1 y 10 años y 6 meses de prisión. El proceso judicial permitió acreditar la existencia de una organización jerárquica dedicada a la comercialización de estupefacientes y la comisión de exacciones ilegales dentro del penal, en perjuicio de personas privadas de libertad.

Asimismo, los representantes del Comité manifestaron un especial interés en el Programa de Intervención con Hombres en Condena por Violencia Contra la Pareja (VCP), impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, destacando su carácter innovador y su impacto positivo en la prevención de la violencia de género. En este sentido, expresaron su voluntad de promover la implementación de iniciativas similares en otras jurisdicciones del país, como modelo de intervención orientado a la reeducación, la construcción de vínculos saludables y la reducción de la reincidencia.
Finalmente, se abordaron cuestiones vinculadas a la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal y la introducción de herramientas procesales destinadas a modificar sustancialmente el análisis de medidas cautelares y beneficios carcelarios, otorgando un mayor dinamismo y evitando la prolongación innecesaria de la detención de aquellas personas que no requieren el dictado de prisión preventiva.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por la Ley N.º 26.827, funciona desde 2017 como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Su misión es supervisar sin previo aviso los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, recabando información directa mediante entrevistas confidenciales, en cumplimiento de los principios del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, al cual Argentina adhiere.







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