



La Cámara de Diputados de Salta llevará adelante este martes la 19º Sesión Ordinaria, con una agenda de siete proyectos de distintos bloques, que solo serán tratados si cuentan con los dictámenes de las comisiones.
Entre las iniciativas, se encuentra la propuesta para autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a transferir en carácter de donación dos inmuebles a la Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta. El objetivo es que la institución continúe desarrollando actividades sociales y deportivas en el predio que ya ocupa en el departamento Capital.
También figura un pedido para que los legisladores nacionales por Salta insistan en el Congreso con tres leyes recientemente vetadas por el Ejecutivo nacional, que apuntaban a incrementar jubilaciones y pensiones, mantener la moratoria previsional y declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad.
Otro de los puntos busca que se gestionen acciones para reactivar la construcción de la planta de generación fotovoltaica e hidráulica en Rodeo Colorado, Iruya, correspondiente al Programa PERMER.
Desde el bloque Salta Tiene Futuro, se impulsa una declaración para que la provincia y los legisladores nacionales gestionen la autorización de importación legal de hoja de coca en su forma natural, destinada al consumo interno mediante masticación e infusiones.
En materia de emergencias, se tratará un proyecto para crear un Fondo Provincial que permita asistir a familias afectadas por incendios, inundaciones, sismos u otros desastres naturales, como ocurrió recientemente en el barrio 20 de Junio.
Asimismo, se presentará una propuesta para incorporar a la Ley 7690, Código Procesal Penal, el concepto de reiterancia delictiva, permitiendo considerar los antecedentes de múltiples delitos de un mismo imputado como causal de prisión preventiva, como ya ocurre en otras provincias.
Finalmente, regresa al recinto un debate que no es nuevo: La modificación de la Ley 7631 para prohibir fumar y vapear en todos los espacios cerrados de acceso público, ya sean privados o estatales. El proyecto extiende la restricción a cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos similares, argumentando riesgos para la salud tanto de usuarios como de terceros expuestos.







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